El escándalo de Interbolsa puede dar un giro inesperado

A casi cinco años de explotar en mil pedazos la principal comisionista de bolsa del país y de derrumbarse el holding que la sostenía –situación inédita en el mercado nacional–, las dudas jurídicas sobre la decisión que tomó en su momento la Superintendencia de Sociedades están más vivas que nunca.

En manos de la Corte Suprema de Justicia está una acción de tutela que, de ser aceptada, le daría un revolcón al proceso iniciado por las Supersociedades, que habría tomado el camino equivocado para tomar los correctivos de uno de los escándalos financieros más sonados de los últimos años. La acción fue presentada por Gustavo de Greiff, exfiscal general de la Nación, apoderado de Víctor Maldonado, uno de los implicados, y de algunos de sus familiares.

El escándalo se dio en momentos en que Interbolsa manejaba el 30 por ciento del movimiento de la Bolsa de Valores de Colombia. Y como holding era inversionista y participaba de la compraventa de acciones a su nombre. Incluso, tres o cuatro días después de la debacle, hecha pública el 2 de noviembre de 2012, se calculaba que valía unos 450 millones de dólares.

En el caso salieron a relucir nombres de personajes involucrados directa o indirectamente en las negociaciones que provocaron la crisis, así como empresas vinculadas con Interbolsa. El presidente de Interbolsa era Rodrigo Jaramillo Correa y entre los socios estaban los inversionistas Tomás Jaramillo Uribe -su hijo- y Juan Carlos Ortiz, considerado un ‘tigre’ en el mercado accionario. Asimismo, el empresario Víctor Maldonado, quien al momento del colapso tenía el 30 por ciento de las acciones de Interbolsa.

Hoy algunos están detenidos y otros han tenido que entregar buena parte de sus fortunas para responderles a los más de mil afectados.

El tema de la tutela interpuesta ante la Corte se centra en que la decisión de la Supersociedades estuvo apoyada en decretos del 2008 a raíz del caso de la pirámide DMG. Consistió en calificar las movidas financieras de Interbolsa a través del Fondo Premium en Curazao de captación ilegal o lo que algunos llamaron ‘pirámide del estrato 6’.

El Decreto 4333 de 2008, del gobierno Uribe, declaró por 30 días el Estado de Emergencia Social por lo sucedido con DMG y otras pirámides. Y el 4334 estableció el procedimiento de intervención del Estado.

Una de las consecuencias de la decisión en el caso de Interbolsa es que quienes son responsables de esta práctica ilícita deben responder solidariamente a los afectados. En otras palabras, cada uno de los involucrados cede recursos según su capacidad económica.

Así, lo que ha ocurrido es que de los 120 implicados directa o indirectamente, quien más ha debido ceder bienes es Maldonado, empresario que estuvo al frente de firmas como Foto Japón, la cadena de restaurantes Archie's y Cream Helado. Y la cifra está por los 150 millones de dólares, casi el 90 por ciento de los bienes que el liquidador ha asumido para pagarles a los afectados. De fallarse la tutela a favor de Maldonado al Estado le tocaría devolverle muchos de los recursos.

Según abogados conocedores del tema como el exmagistrado Augusto Ibáñez, Luis Fernando López, Iván Cancino y Luis Eduardo Nieto, la Supersociedades fue ligera en el caso de Interbolsa al aplicar la misma norma de DMG cuando lo ocurrido no tenía nada de captación ilegal. “Más bien, fueron operaciones indebidas en las que se tomaron riesgos indebidos, incluso sin autorización de los clientes”, dijo otra fuente.

A juicio de Ibáñez, “no solo no existía prueba demostrativa de la irregularidad de que trata el decreto utilizado, sino que el mismo decreto no se podía aplicar, pues como decreto de orden público económico, no se puede aplicar a hechos, circunstancias o, fenómenos por los cuales no se expidieron”.

Nieto, jurista experto en temas de sociedades, agrega que según las normas esgrimidas por la Supersociedades, “en la conducta de Maldonado y/o de sus empresas no se vislumbró que existieran hechos notorios que indicaran la entrega masiva de dineros, tampoco se probó que se le hayan entregado a él o a sus empresas operaciones no autorizadas como tarjetas prepago o pirámides, tampoco que la entrega de dineros haya sido a cambio de bienes, servicos o rendimientos y que la entrega de ese rendimiento careciera de explicación financiera razonable”.

Incluso, otras fuentes no se explican si fue torpeza de la Supersociedades o si hay algo más de fondo al apoyarse en las normas menos indicadas.

Asimismo, los decretos utilizados implican que la entidad es la única instancia y la decisión tiene carácter de sentencia judicial. Por eso, la única vía para dar reversa a la decisión es a través de una tutela, que ya tuvo el primer capítulo la semana pasada con la negativa del Tribunal Superior de Bogotá. La última palabra la tiene la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.

A la espera de Comisión Interamericana

En abril, la Comisión Interamericana de DD.HH. le dio trámite a una demanda de Maldonado contra el Estado colombiano. Según la carta que el organismo le envió a la canciller María Ángela Holguín, las autoridades colombianas tienen hasta finales de julio para responder la demanda. Curiosamente, quien debe hacerlo es Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, quien era superintendente de Sociedades cuando oc

urrieron los hechos de Interbolsa.